A un año de la masacre de Iguala – Ayotzinapa

El primer aniversario de los hechos violentos de Iguala ha generado un sinnúmero de expresiones y actividades ―unas violentas, otras pacíficas― golpes de pecho y vestiduras rasgadas por unos lados, vituperios y reproches por otros. El clásico forcejeo y oportunismo de la clase política mexicana y de los poderes fácticos que encausan la opinión pública.

Con ello en mente, este espacio será utilizado para puntualizar algunos de los aspectos que mayor confusión generan y que con más facilidad son olvidados en la memoria colectiva.

No sólo los estudiantes fueron víctimas

avispones-chilpancingoLos hechos violentos que tuvieron lugar la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cobraron la vida de varias personas que ninguna relación guardan con la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Otras tantas resultaron lesionadas, entre ellas, integrantes de un club de futbol ―Avispones de Chilpancingo― cuyo transporte fue atacado por agentes de la policía local (municipal) de Iguala.

Todas las víctimas del delito, sin importar su relación con la escuela de Ayotzinapa, tienen derecho a la justicia, derecho a la verdad y naturalmente, a la reparación del daño.

El alcalde de Iguala que presuntamente ordenó el ataque es perredista

José Luis Abarca Velázquez, Presidente Municipal de Iguala al momento de los hechos, y María de los Ángeles Pineda ―quienes conforman la tristemente célebre “Pareja Imperial”― han sido señalados e imputados como los autores intelectuales de estos hechos. Abarca fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y se sabe que el mismo partido planeaba lanzar la candidatura de María de los Ángeles Pineda para sucederlo en el cargo.

Nadie en el PRD ha rendido cuentas por la postulación de Abarca, nadie. No obstante, el PRD y los demás partidos políticos identificados como “de izquierda” han aprovechado estos hechos para increpar al gobierno federal y señalarlo como responsable. Este oportunismo infame debe ser advertido y fustigado, sin que ello implique en modo alguno que se libere a las instituciones federales de su obligación de rendir cuentas no sólo por los hechos, sino por la investigación de los mismos, que debiera ser oportuna, transparente y eficaz.

abarca-ayotzinapa

En todo caso, la conducta de los integrantes de la partidocracia mexicana respecto al caso Iguala debe servir como el botón de muestra que permita a la ciudadanía apreciar la mezquindad con la que los integrantes de la clase política se conducen, sacando provecho de la pérdida de vidas humanas y de la tragedia ajena con el único y ruin propósito de “capitalizar” o “cobrar el costo político”. Infortunadamente, a esta mezquindad se han sumado asociaciones u organizaciones que dicen defender los derechos humanos.

El gobierno mexicano no investiga un caso de desaparición forzada de personas

La Procuraduría General de la República (PGR) en las averiguaciones previas que integra por el caso Iguala, se encuentra investigando la probable comisión de homicidio, privación ilegal de la libertad (secuestro), delincuencia organizada y delitos contra la salud, entre otros injustos. Sin embargo, debe advertirse que no se ha llevado ante la autoridad judicial ningún caso por desaparición forzada de personas, un delito cometido por servidores públicos según la legislación penal federal.

En el Derecho Penal Internacional, la desaparición forzada de personas es considerada un crimen de lesa humanidad, lo que implica entre otras cosas reglas propias para su investigación y penalidad.

El hecho de que la PGR se niegue a investigar como tal la desaparición forzada de personas en el caso Iguala tiene alcances delicados, entre ellos, que se esté protegiendo a otros servidores públicos que tuvieron participación en los hechos, o bien, que se esté buscando eludir la responsabilidad del Estado derivada de estos aciagos acontecimientos.

¿Y qué con los peritajes?

En días pasados la polémica del caso se ha avivado por las opiniones de expertos y peritos en torno al caso Iguala. Desde hace varios meses el Equipo Argentino de Antropología Forense había hecho una serie de señalamientos entre los que destaca el que la PGR haya recuperado indicios en el basurero de Cocula ―donde presuntamente fueron incinerados los restos de los estudiantes― sin permitirles participar en la diligencia.

Por otra parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes [sic] nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha cuestionado la viabilidad de la pira en el mencionado basurero y su efectividad para lograr reducir a cenizas los cuerpos de las personas privadas de la vida.

Los dictámenes periciales que quizás mayor relevancia tienen son los de Universität Innsbruck, institución cuya pericia en la materia goza de prestigio internacional. Los expertos de Innsbruck han recibido de la PGR decenas de muestras de restos humanos entre los que hasta el momento ha sido posible identificar fragmentos óseos correspondientes a 2 de los 43 estudiantes desaparecidos o privados de la vida. Dicho de otro modo, la PGR por sí misma no arribó a la conclusión de que 2 estudiantes han sido identificados a través de fragmentos óseos deteriorados por el fuego; ésa es una conclusión a la que expertos de Universität Innsbruck llegaron.

Cuestionar la identificación de estos restos no es cuestionar a la PGR o a su titular, sino a la institución de investigación que ha emitido los dictámenes. Ahora, nadie ha dicho que la institución sea infalible, pero vale la pena tener estos datos en cuenta antes de construir una opinión.

En todo caso, no debe perderse de vista que los dictámenes periciales son parte de una o varias investigaciones y que no le corresponde a la PGR valorarlos en definitiva, sino al juzgador en materia penal.

La polémica sobre la verdad histórica

Jesús Murillo Karam, titular de la PGR cuando ocurrieron los funestos acontecimientos, declaró que la dependencia a su cargo había determinado la verdad histórica de los hechos, que implicaba que los estudiantes desaparecidos ―entre ellos algunos relacionados a la agrupación delincuencial denominada “Los Rojos”― habían sido privados de la libertad, después privados de la vida e incinerados en el basurero de Cocula, para que después sus cenizas fueran esparcidas en el Río San Juan, todo ello con participación tanto de delincuentes pertenecientes al cartel de los “Guerreros Unidos” como de miembros de las policías locales en Iguala y Cocula.

El término verdad histórica ha sido utilizado para vapulear a Murillo Karam y a la institución (véase la columna de López-Dóriga sobre el tema), en muchas ocasiones con ignorancia de que se trata de un tecnicismo jurídico-penal de aceptada utilización entre litigantes y juzgadores. No obstante, poco se ha hablado de los elementos de que se allegaron el entonces Procurador y su equipo para arribar a esa verdad histórica.

Especial atención merece que la verdad histórica o versión oficial de los hechos se sustenta en las “confesiones” de los probables responsables que fueron consistentes en mencionar que fueron torturados por las autoridades federales. Anabel Hernández y Steve Fisher son de las pocas personas que han mencionado públicamente este detalle. La tortura referida por los probables responsables debe ser también investigada y en su caso penalizada para continuar con la investigación de los hechos que satisfaga el derecho a la verdad y la presentación ante la justicia de todas las personas implicadas, incluyendo desde luego a todos los servidores públicos que tuvieron participación.

Estado fallido

Los lúgubres acontecimientos de Iguala han resultado “la punta del iceberg” que ha revelado la putridez del sistema político y jurídico en Guerrero. Se trata pues de un Estado fallido o de un narcoestado en donde operan grupos armados que controlan territorios a través de operaciones sostenidas y concentradas en un ámbito de impunidad en el que las víctimas no tienen acceso a la justicia ni a la reparación del daño. El caso Ayotzinapa es uno más en las historias de tragedia e injusticia que se han vuelto cotidianas para la población guerrerense.

Con estas consideraciones es que conmemoramos el primer aniversario de los hechos violentos en Iguala que llevaron a la desaparición (y al parecer homicidio) de los estudiantes de Ayotzinapa, así como la privación de la vida de otras personas que convenientemente han sido olvidadas o tildadas de daño colateral producto de la violencia que ha generado la guerra contra la delincuencia organizada.

Nos pronunciamos en contra de cualquier protesta violenta que se haga en la memoria de los que perdieron la vida en Iguala y hacemos un llamado a que la autoridad ministerial se pronuncie sobre las opiniones de todos los expertos y rinda cuentas de su investigación, no sin antes aprehender a los sospechosos que se encuentran en libertad y consignarlos sin dilación al Poder Judicial.

43-ayotzinapa-memorial-mexico-city

Septiembre 25 de 2015.

 

TRC

©

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s