El idioma de la guerra

En una situación como la que vivimos, en la que la violencia va mucho más allá de enfrentamientos entre delincuencia y fuerzas del orden y que se inserta en los medios, en el discurso, en la vida diaria, la elección de palabras de guerra no nos parece una casualidad.

La crisis de violencia, impunidad y (en algunas entidades) ingobernabilidad que se ha vivido en la última década en los Estados Unidos Mexicanos ha dado lugar a un fenómeno peculiar, presente en el lenguaje que utilizan los mexicanos y prácticamente todos quienes se han dado a la tarea de dar cobertura a los acontecimientos cotidianos.

Dicho fenómeno se caracteriza por la adopción de términos y expresiones propios del ius in bello, del derecho penal o lisa y llanamente de situaciones de catástrofe con el motivo de hechos violentos, en el lenguaje habitual.

No se trata de buscar conspiraciones, sino de analizar la realidad. Estamos en estado de guerra y la guerra tiene sus reglas, pero sobre todo, sus palabras. Términos para provocar miedo, confusión y, primordialmente, sumisión.

La realidad se construye a partir del lenguaje. Este hecho está perfectamente estudiado y explicado por la lingüística, la semiótica, la teoría de la comunicación y el psicoanálisis. Desde Slavoj Žižek hasta Chomsky, pasando por Lacan, De Kerckhove o Eco lo dicen: somos lo que hablamos.

El hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando, la quema del Casino Royal, la masacre de Tlatlaya, la desaparición forzada (y luego presunto homicidio) de los estudiantes de Ayotzinapa, el sitio de Chilapa, los enfrentamientos de Tacíntaro, el derribo de un Black Hawk en Jalisco… todos estos funestos acontecimientos dan cuenta del conflicto que se ha vivido en el pasado reciente y en el presente del país, más allá de la retórica gubernamental que ha buscado convencer a la ciudadanía y a la opinión pública internacional de que la violencia sin control se trata de una “cuestión de percepción” o meramente de “hechos aislados”.

El idioma de la guerra ha "tomado por asalto" un lugar en el léxico que emplean los mexicanos.
El idioma de la guerra ha “tomado por asalto” un lugar en el léxico que emplean los mexicanos.

Es indudable en este contexto que lo que fue identificado popularmente como la guerra de Calderón es ahora también la guerra de Peña, un conflicto armado no internacional[1] (o interno), con miles personas que han sufrido el desplazamiento forzado[2] de sus comunidades y otras tantas (más de 23,000 según cifras gubernamentales) que se encuentran desaparecidas, todo ello aunado a una cifra negra de víctimas de delitos del fuero común (local) virtualmente aisladas de cualquier mecanismo de justicia y reparación del daño.

Ante esta situación, se ha vuelto común (aunque nunca deberá ser normal) que la gente hable de homicidio, tortura, “descabezados”, “levantones”, matanzas y gente desollada.

Mención aparte merecen los comunicadores y periodistas que sin respeto alguno por su oficio y menos aún por la audiencia, emplean términos inexactos[3] al momento de dar a conocer una nota, por ejemplo hablando de asesinato (figura inexistente en el derecho penal mexicano) o de “demandas interpuestas ante el MP” (para referirse a denuncias de hechos presentadas ante la autoridad ministerial). Cobra relevancia este tema considerando la existencia del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia[4] que contaba entre sus puntos con el compromiso de los medios que lo suscribieron para abstenerse de usar inadecuadamente términos jurídicos.

Los medios en esta crisis repiten el lenguaje de los comunicados oficiales y se copian entre sí, de tal manera que el aprendizaje de palabras sin sustento legal, tomadas del léxico castrense, han llegado a nosotros a partir de los medios oficiales.

Otro aspecto a resaltar sobre el fenómeno en cuestión tiene que ver con el manejo del lenguaje que es hecho por el Estado para maquillar el discurso. Así, tenemos que ha cobrado auge el verbo abatir, para referirse a matar o privar de la vida. En el caso Tlatlaya es particularmente visible el uso de esta estrategia para maquillar la ejecución extrajudicial perpetrada por elementos de las fuerzas armadas en agravio de presuntos delincuentes.

Repeler la agresión[5] es otra de las expresiones utilizadas por el Estado para referirse a la conducta de los agentes, ya sea de fuerzas armadas o corporaciones policiales, al momento de abrir fuego contra presuntos delincuentes, normalmente con el objetivo de abatirles (matarlos).

Se aclara que término de conflicto armado interno (que causa escozor y otras reacciones de desagrado entre los estudiosos del Derecho Internacional en México) no es utilizado a la ligera en el presente documento. Es empleado a propósito con el fin de introducirlo al debate y a la opinión pública con el conocimiento de sus implicaciones doctrinarias y legales.

Se sabe que en la confrontación armada participan diversos grupos (el ejército, uno de ellos), incluyendo a los de la delincuencia organizada y también las así llamadas guardias comunitarias o grupos de autodefensa, todos ellos buscando el control de territorios (conocidos como plazas, en el argot nacional), control que les permite realizar operaciones sostenidas y concentradas. Algunos grupos incluso han logrado posicionar a sus agentes al frente del gobierno, como ocurrió en Michoacán, instaurando así un nuevo orden, un narco-gobierno.[6]

La consecuencia del conflicto armado en cuestión que es abordada en la presente entrega, se refiere a la inclusión de los términos propios de la guerra en el léxico popular, situación que no debe ser considerada como normal por la brutalidad que toda guerra implica, pero debe entenderse como una secuela innegable de la ola de violencia y los enfrentamientos armados que han caracterizado a los últimos años.

Si estamos en guerra, debemos someternos a su violencia, dar por hecho que estamos indefensos y que nuestra vida depende de las acciones de otros. El cine y los demás medios de difusión cultural e ideológica nos han enseñado que para sobrevivir hay que renunciar a todo, a derechos, a libertad, a orden jurídico; ésa es la apuesta de los poderes fácticos empeñados en que el conflicto armado persista.

El idioma de la guerra es en conclusión una secuela irrefutable de un escenario de barbarie que por ningún motivo celebramos ni fomentamos, pero que buscamos sea reconocido por la opinión pública y por la comunidad internacional para la implementación de acciones que lleven al cese de hostilidades y a su pacífica resolución.

 

Julio 9 de 2015.

 

Gabriel Páramo[7] y TRC

[1] Enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima. Definición acuñada por el Comité Internacional de la Cruz Roja en interpretación de los Convenios de Ginebra de 1949.

[2] Especialmente en municipios de Tamaulipas.

[3] Resulta imposible omitir la mención del periodista de La Jornada que escribió sobre la extradición de un predio en el Distrito Federal.

[4] Suscrito el 24 de marzo de 2011 por medios como Once TV México, Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula, El Universal y Milenio, entre otros.

[5] Un término introducido al discurso público en tiempos de Genaro García Luna, un individuo que cobró fama entre otras cosas por los montajes o escenificaciones ajenas a la realidad, ejecutadas por las corporaciones policiacas a su cargo, destacando entre ellas la aprehensión de Florence Cassez.

[6] En el caso de Michoacán se posicionó no sólo a Jesús Reyna y Fausto Vallejo en el Poder Ejecutivo local, sino también a operadores delincuenciales en el Poder Legislativo federal, como el caso de Julio César Godoy Toscano, quien con facilidades otorgadas por personajes de la clase política (entre ellos Alejandro Encinas) tomó posesión del cargo y accedió al fuero (inmunidad) inherente al mismo.

Algo similar se buscaba en Guerrero a través de la tristemente célebre “pareja imperial”, investigada por la autoría intelectual de los hechos violentos cometidos en agravio de los estudiantes de Ayotzinapa. El narco-gobierno en Iguala era pues una realidad.

[7] Autor invitado. Periodista profesional y profesor de Semiótica en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

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