¿De qué va la nueva Ley General de Transparencia?

 

Hoy, 4 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, producto de la reforma al texto constitucional de febrero de 2014, que creó nuevos sujetos obligados y nuevas reglas generales para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información en México.

¿Por qué es importante?

Es una ley que fue ampliamente comentada[1] por la gente inmersa en el tema. Brinda un nuevo marco normativo para el ejercicio del derecho de acceso a la información, es decir, el derecho de toda persona a conocer la información gubernamental de toda índole, desde la presupuestaria y de organización hasta aquella que documenta sus decisiones o actos de autoridad, la cual naturalmente debería ser del interés de toda la ciudadanía.

Se busca que brinde nuevos bríos ante las argucias y maquinaciones que han desarrollado con el tiempo los sujetos obligados para ocultar información impunemente, como la indebida declaración de inexistencia de la información que se solicita o la declaración de reserva de información eminentemente pública.

Se trata de una ley más extensa[2] que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y que contiene previsiones sobre la organización de un Sistema Nacional de transparencia, así como la de cada uno de los órganos garantes de las entidades, el Distrito Federal y la Federación. Asimismo, incluye disposiciones procesales sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información ante los sujetos obligados y, en su caso, durante el medio de impugnación ante los órganos garantes.

Contiene también el muy debatido tema de las sanciones que los órganos garantes deben imponer a los servidores públicos que incumplan con las obligaciones de transparencia o con las resoluciones emitidas por estos.

Lo que necesitas saber

 

A continuación, 10 puntos específicos sobre este nuevo ordenamiento:

1. Le da nombre al órgano garante federal que quedó formalmente extinto (aunque siguió operando) mediante la reforma al texto constitucional. Lo que muchos conocieron como #NuevoIFAI ha recibido el nombre de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

2. Retoma figuras de la LFTAIPG pero les brinda una nueva denominación. Así la Unidad de Enlace de cada sujeto obligado en el marco de la ley, se llamará Unidad de Transparencia. El Comité de Información se denominará ahora Comité de Transparencia. La Unidad de Transparencia es la oficina encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes de los particulares.

3. Otorga la posibilidad a cualquier persona (sin necesidad de acreditar ciudadanía o el interés en conocer la información) de presentar una solicitud de acceso a través de una Plataforma Nacional (quizás la evolución de lo que hasta la fecha se conoce como INFOMEX[3]) o por medio de correo electrónico, correo postal, telégrafo o verbalmente en la Unidad de Transparencia.

4. Contempla la posibilidad de la presentación de denuncias (también por medios electrónicos u otros) ante los organismos garantes, para el caso de que los sujetos obligados no cumplan con las obligaciones de transparencia comunes, las cuales deberán darse a conocer por medios electrónicos y encontrarse actualizadas.

5. Incluye obligaciones de transparencia específicas para instituciones de educación superior (públicas), fideicomisos y sindicatos, entre otras entidades obligadas a transparentarse.

6. Introduce previsiones sobre la prueba de daño, un concepto que no es nuevo en la transparencia pero que nunca figuró en la LFTAIPG. Se trata de la motivación que un sujeto obligado debe llevar a cabo para poder clasificar correctamente información que sea reservada.

7. Lo que sí es novedoso es la figura del “cierre de instrucción” durante el medio de defensa de los particulares en contra de las respuestas de los sujetos obligados. El cierre de instrucción es común en otras actividades jurisdiccionales y tiene que ver con el momento en que la autoridad resolutora deja de escuchar o recibir los alegatos de las partes. Adicionalmente, se prevé que los organismos garantes emitirán una resolución dentro de los 20 días siguientes al cierre de instrucción (un plazo significativamente menor al contenido en la LFTAIPG).

8. Se prevé que en 3 días posteriores a la emisión de la resolución esta sea notificada a las partes y publicada. Se trata de un plazo interesante ya que el otrora IFAI tardaba alrededor de 3 semanas (no 3 días) en notificar sus resoluciones. Además, se establecen plazos para que el Instituto después de la resolución, se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la misma.

9. Terminantemente y sin lugar a dudas o interpretaciones contrarias, se prevé que los organismos garantes denuncien “ante la autoridad competente” (entiéndase: agente del Ministerio Público), los actos de incumplimiento que impliquen la presunta comisión de un delito[4]. En el mismo sentido, el nuevo ordenamiento indica que corresponde a los organismos garantes imponer y ejecutar las medidas de apremio determinadas (que pueden ser amonestación pública o multa) e incluso sanciones.

10. La ley se refiere únicamente a las cuestiones de acceso a la información y no así a las de acceso y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados (entidades gubernamentales como el IMSS o la SEP). Para dichas cuestiones, permanece vigente la LFTAIPG y las leyes locales.

Dato adicional: La ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el D.O.F.

 

Comentarios

 

Sin duda son muchos los aspectos de esta nueva ley los que merecen un análisis profundo y técnico, para lo cual ya habrá oportunidad y (esperemos) foros. Por el momento baste con poner sobre la mesa algunas de las cuestiones más llamativas y potencialmente interesantes para el público en general, con la única intención de que resulten ilustrativas y convoquen a una lectura acuciosa y crítica.

Quizás resulte de particular interés el tema de los plazos que se establecen para que los organismos garantes resuelvan, notifiquen y declaren el cumplimiento e incumplimiento de sus determinaciones. Los mecanismos de transparencia permitirán conocer si dichos plazos son cumplidos cabalmente.

Mención aparte merece el tema de la posibilidad de imponer medidas de apremio y sanciones. Mucho se criticó en el pasado que el IFAI “no tuviera dientes”. En cambio, en los últimos meses hubo voces (incluyendo las de algunos comisionados del órgano garante federal) que se pronunciaron en contra de que la ley previera esta posibilidad. Ahora, la ley es clara y en caso de que el órgano garante federal se abstenga de ejercer estas atribuciones, deberá rendir cuentas de ello como cualquiera de los otros sujetos obligados. Además, deberá asumir el costo político de encubrir (en su caso) las prácticas opacas que caracterizan a no pocos de los sujetos obligados.

 

Mayo 4 de 2015.

 

TRC

©

[1] Ampliamente comentada pero quizás pobremente discutida, ya que dio como producto un cuerpo normativo cuestionable y con muchas previsiones de difícil aplicación, como será explicado más adelante. La técnica legislativa ha sido deficiente, como podrá ser advertido por el público más especializado en el tema.

[2] Tiene alrededor de 150 artículos más que la anterior.

[3] Portal de internet que provee los medios para presentar una solicitud de acceso a la información a cualquier sujeto obligado, y en su caso, presentar el medio de impugnación ante el organismo garante.

[4] A este tema me he referido con detalle en la investigación presentada en octubre de 2014.

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