Ocultamiento de información

El 21 de octubre de 2014 se presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México el trabajo de investigación denominado La responsabilidad penal derivada del ocultamiento de información por parte de servidores públicos, que guarda relación con los temas de transparencia, rendición de cuentas e impunidad en los Estados Unidos Mexicanos.

En la investigación se documentaron casos de ocultamiento sistemático de información por parte de servidores públicos adscritos al Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Federal de Electricidad.

A continuación, un extracto del trabajo de investigación.

 

El derecho fundamental de acceso a la información pública en México se encuentra relacionado al Derecho Penal en tanto que éste prevé penas para quienes lesionan aquél, en específico, para quienes ocultan ilícitamente información o documentación que se encuentra bajo su custodia o a la que tienen acceso o conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión. Dicha relación ha sido pobremente abordada por la doctrina, situación que debe ser advertida y subsanada por los estudiosos de la materia.

En ese orden de ideas, tenemos el delito de ocultamiento de información que se encuentra tipificado en el Código Penal Federal desde la reforma que sufrió en 1986, y doctrinalmente se identifica como ejercicio indebido del servicio público (artículo 214, fracción IV).

Por otra parte, el organismo garante del derecho fundamental de acceso a la información en el país, ha advertido casos en los que después de haber determinado en definitiva el carácter público de información y haber ordenado su entrega, diversos sujetos obligados incumplieron tal disposición y ocultaron ilícitamente información. Dicha conducta se ha denunciado a las autoridades administrativas, no así a aquella que está encargada de procurar justicia y conducir la investigación de hechos probablemente constitutivos de delito.

La autoridad administrativa, concretamente la Secretaría de la Función Pública, ha sido sistemáticamente omisa en hacer del conocimiento de la autoridad ministerial los hechos presuntamente constitutivos de delito que el organismo garante le ha comunicado, no obstante que existe disposición legal expresa[1] que le obliga a formalizar la denuncia correspondiente.

Adicionalmente, la Procuraduría General de la República ha revelado información pública de la que se desprende que entre 2009 y 2013 no se ejerció acción penal contra los servidores públicos que han ocultado información al incumplir las resoluciones del organismo garante que fueron materia del trabajo de investigación, a saber, servidores públicos adscritos al Servicio de Administración Tributaria y a la Comisión Federal de Electricidad.

En ese contexto se tiene que el ocultamiento de información derivado de incumplimiento constante a resoluciones del órgano garante del derecho fundamental de acceso a la información permanece impune, por lo que se deduce la necesidad de una excitativa para que todos los factores involucrados recuerden la existencia del artículo 214 del Código Penal Federal y lo hagan valer, en aras de un efectivo acceso a la información, con miras a la existencia de una efectiva rendición de cuentas.

Se estima que la excitativa para evocar la existencia del tipo penal en cuestión y dotarlo de actualidad respecto de las necesidades de la sociedad mexicana puede ser la propuesta de reforma al texto vigente formulada, que consiste en la adición de la pena de trabajo a favor de la comunidad para el servidor público que oculte información cuya publicidad ha sido determinada por el organismo garante del derecho fundamental de acceso a la información.

Adicionalmente, se estima que el texto reformado debe considerar como partícipes del delito a los servidores públicos que adviertan el ocultamiento de información y se limiten a denunciar los hechos a la autoridad administrativa pero no al agente del Ministerio Público.

Sólo el respeto a las leyes (a todas, no sólo a algunas) llevará al país a un Estado democrático propiamente dicho, ya que por el momento la existencia de un Estado con distribución del poder en México no es suficiente, pues se ha evidenciado que implica la aplicación selectiva de la ley, una rendición de cuentas equivocadamente entendida y una procuración de justicia oprobiosamente ineficaz e insuficiente.

Palabras clave:

Derecho Penal, responsabilidad penal de servidores públicos, procuración de justicia, corrupción, acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y Estado democrático.

 

La investigación analiza las cifras aportadas por la Procuraduría General de la República respecto de los bajísimos índices de efectividad al sostener acusaciones ante la autoridad jurisdiccional, que han llevado a algunos autores de ubicar a dicha entidad en una situación de “colapso institucional”. Uno de los datos más alarmantes refiere que en 86% de los procesos penales, la Procuraduría ha sido incapaz de lograr que un órgano jurisdiccional determine la plena responsabilidad penal del indiciado.

Los individuos que han sido consignados al Poder Judicial por la comisión del delito en investigación han sido sólo 3 entre 2009 y 2013, todos ellos adscritos a la propia Procuraduría General de la República.

Asimismo, se analizan cifras divulgadas por el IFAI (formalmente extinto a raíz de la revisión al texto constitucional promulgada en febrero de 2014) que indican que el 47.33% de sus resoluciones son “cumplidas” con declaración de inexistencia por parte de los sujetos obligados en 2012. El dato correspondiente a 2013 fue 44.08%.

Octubre 22 de 2014.

TRC

Aviso: Toda la información estadística de dependencias y entidades de gobierno referida en la investigación es pública y puede ser consultada por cualquier persona, ejerciendo el derecho fundamental de acceso a la información.

 

[1] Artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

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