Espionaje en la Cámara de Diputados (México)

Sólo la puntita… del iceberg.

En días pasados sobresalió la noticia del hallazgo de equipo de grabación subrepticia y aparentemente no autorizada en San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos.  Se mencionó que legisladores de “los principales partidos representados en la Cámara” acordaron denunciar los hechos ante el agente del Ministerio Público de la federación.

 

No es difícil encontrar columnas y artículos en los que se afirma que los legisladores acusan que el espionaje no es algo nuevoEl Universal en el área en que periodistas escriben con la seguridad que brinda el anonimato (titulada “Bajo Reserva”) se señala que se encontró que hay intervención telefónica en distintas oficinas de los diferentes partidos, lo mismo para presidentes de comisiones que para los legisladores de la tropa.  Se lanza en dicho espacio el interrogante sobre si se ratificará la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y se enfatiza la duda sobre si se continuará con las pesquisas aún si se determina que las escuchas fueron ordenadas internamente, es decir, por los propios legisladores.

 

 

Para este autor resulta entretenido el escándalo que genera hoy el espionaje (propiamente dicho) entre miembros del Poder Legislativo, que por cierto, goza de un mayúsculo desprestigio y desconfianza entre la ciudadanía y (lo que uno pensaría les preocupa más) el electorado.  Es entretenido pues, ya que se sabe que la historia del espionaje en México es tan antigua como las telecomunicaciones mismas.

 

Conviene en este punto aclarar que el espionaje es, según las leyes de nuestro país, un delito federal grave[1], pero que se relaciona no precisamente a las telecomunicaciones, sino a la divulgación del contenido de documentos a extranjeros, o bien, la divulgación por parte de extranjeros sobre datos de establecimientos o posibles actividades militares.   No obstante, en la lengua española el término espionaje puede ser utilizado válidamente para referirse a la obtención de información de manera fraudulenta en diversos campos.

 

En ese orden de ideas, debe señalarse que interrumpir o interferir dolosamente comunicaciones, alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales, por medio de las cuales se transfieran señales de audio, de video o de datos, es también un delito federal[2], aunque no grave, según la norma adjetiva.

 

Así pues, mientras que es válido hablar de espionaje para el caso que nos ocupa, en términos estrictamente jurídicos se habla de un ataque a las vías de comunicación y violación de correspondencia.

 

Después de la precisión en materia legal, retomo la idea de que el espionaje en México es una práctica antiquísima de la que se ha servido la muy deshonrosa “clase política” para cumplir sus frecuentemente oscuros objetivos. 

 

La existencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) no es, desde luego, gratuita.  Se trata de un órgano desconcentrado de la administración pública federal, dependiente de la oficina del titular de la Secretaría de Gobernación, que supuestamente genera inteligencia en materia de seguridad nacional.  La realidad y principalmente la Historia nos han enseñado que el CISEN (con todo y sus denominaciones anteriores) ha sido un instrumento utilizado vilmente por los actores políticos a su conveniencia[3], para desempeñar tareas de espionaje a servidores públicos y empresarios, encaminadas a satisfacer sus intereses personales en primera instancia y de partido en segunda.

 

 

 Teléfonos de México (TELMEX), uno de los principales poderes salvajes (Ferrajoli dixit) que se desarrollan a voluntad en el país, es también un instrumento efectivísimo para la interferencia de comunicaciones, pero que se ha utilizado no sólo por la “clase política”, sino por corporaciones policiales y la propia PGR para la búsqueda e investigación de delincuentes o probables responsables.  Es conocido que también se ha empleado la infraestructura de este poder salvaje por la delincuencia misma (que opera en muchos casos dentro de las instituciones públicas antes mencionadas) para perpetrar privaciones ilegales de la libertad, extorsiones y otros ilícitos.

 

Tenemos pues que las actividades de intervención a comunicaciones, vigilancia y “generación de inteligencia” son una penosa regla, no excepción, entre los actores políticos; actividades que han utilizado para sombríos propósitos a lo largo de los sexenios, de manera que resulta absurdo que hoy legisladores se rasguen las vestiduras o se digan sorprendidos por el hallazgo mencionado en un principio.

 

Sin duda una simulación más, que se suma a la lista de aquellas que con cinismo llevan a cabo quienes se dicen “representantes del pueblo” o “servidores públicos”, aunque su actuar evidencie que son todo, excepto eso.

 

 

 El espionaje en la Cámara de Diputados representa entonces sólo “la punta del iceberg” cuyas dimensiones se extienden a lo largo y ancho por las oscuras profundidades de la impunidad y la corrupción que aquejan a México.

Enero 26 de 2012.

 

TRC

©


[1] Artículos 127 a 129 del Código Penal Federal y artículo 194 fracción I, apartado 3, del Código Federal de Procedimientos Penales.

[2] Artículo 167, fracción VI del Código Penal Federal.

[3] Sobre el tema se recomienda la lectura: Torres Jorge, CISEN: Auge y Decadencia del Espionaje en México, Debate, México, 2009.

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