¿Juicio a Calderón ante la Corte Penal Internacional?

 

Un grupo de juristas, periodistas y distintas personalidades, anunció ayer sus intenciones de expresar a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional [en] consideraciones sobre la situación actual que guarda México en términos de violencia, criminalidad e impunidad, con motivo de la guerra emprendida por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, en contra de la delincuencia organizada. Dicha situación es calificada como un conflicto armado, en el que según el dicho de quienes promueven esta intención, se han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

 

 

 

En Twitter se ha promovido el uso del hashtag #JuicioaCalderon.

 

La revista Proceso, por conducto de Gloria Leticia Díaz, difundió que el próximo 25 de noviembre será presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) la demanda penal (sic) contra el presidente Felipe Calderón Hinojosa por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pepe Flores de Vivir México difundió que “un grupo de ciudadanos” dio a conocer sus argumentos para denunciar (sic) a Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional.

 

¿Quiénes encabezan la “demanda” o “denuncia”?

 

El Dr. John Ackerman y el joven licenciado en derecho Netzaí Sandoval Ballesteros son quienes lideran este movimiento.  A ellos se han sumado al momento 14,423 personas que han signado en línea una “petición” a la Corte Penal Internacional, en el sitio web PetitionOnline.com.

 

¿Por qué?

 

A continuación se reproducirá un fragmento de la “petición” o “solicitud” tal como aparece en el sitio web antes mencionado:

 

Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período. Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan sólo en 2010 este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra emprendida por los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más desplazados, esto es, alrededor de 120,000 personas debido a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México).

 

Se han repetido sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, debido al contexto de conflicto armado en el que nos encontramos. México, Afganistán y Somalia, son las naciones con el mayor número de reporteros secuestrados y nuestro país es el más peligroso del continente para los medios de comunicación (Reporteros sin fronteras).

 

Vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados organizados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas. Sin embargo, aún en las guerras existen límites y en ésta se han rebasado de forma catastrófica:

 

El ejército mexicano ha asesinado a civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante operativos. Ha torturado y asesinado a civiles sabiendo que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables como en el caso de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey el 19 de marzo de 2010 (recomendación No. 45/2010 Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Este tipo de crímenes son competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) e) i) del Estatuto de Roma.

 

El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometida por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, con lo que ha fomentado el empleo de esta práctica en su guerra contra el narcotráfico (Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México así como Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México Corte Interamericana de Derechos Humanos). Estos crímenes también son competencia de la CPI conforme al artículo 8.2 e) vii) del Estatuto de Roma. Es práctica cotidiana la realización de ejecuciones extrajudiciales, que responden a la idea de que los jueces mexicanos liberan a los narcotraficantes por lo que los militares prefieren asesinarlos. La Marina incluso difundió fotografías del cuerpo sin vida de Arturo Beltrán Leyva, que había sido manipulado y mutilado con evidentes fines intimidatorios (El País 18-12-2009 y El Universal 19-12-2009). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) c) iv) del Estatuto de Roma.

 

Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades. Ya han comenzado a hacerse públicas las consecuencias de esta política de Estado. En abril de 2011 se encontró una fosa común con 72 personas migrantes en Tamaulipas y casos semejantes se han repetido reiteradamente. La CNDH documentó la participación de autoridades públicas en los secuestros contra migrantes desde 2009 (Informe Especial sobre los casos de Secuestro en Contra de Migrantes). Recientemente personas centroamericanas denunciaron que fueron “vendidas” por agentes del Instituto Nacional de Migración al grupo delictivo de Los Zetas (La Jornada, 10 de mayo 2011). Estos delitos pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.

 

Los cárteles de la droga practican mutilaciones cotidianamente, tanto para intimidar a los grupos en conflicto, como para enviar mensajes. Muchas de las personas decapitadas son civiles. También reclutan niños menores de 15 años de edad, que llegan a convertirse en sicarios. Se estima que entre 30 a 43 mil menores de edad han sido enrolados por grupos criminales (Infancia y Conflicto Armado en México Red por los derechos de la infancia en México). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 c) i y 8. 2 e) vii) del Estatuto de Roma.

 

Además se han generalizado los ataques a centros de rehabilitación en donde se agrupa a enfermos y adictos a las drogas, como los ocurridos el 26 de junio de 2010 en Durango, el 5 de diciembre 2010 en dos centros en Ciudad Juárez y el 10 de junio de 2010 en Chihuahua por citar solamente algunos. Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 e) iv) del Estatuto de Roma.

 

Estos son solamente algunos de los crímenes que vivimos cotidianamente en México.

 

El conflicto se caracteriza por la rampante impunidad, pues no existe sanción para los soldados, sicarios o los superiores que ordenan estos crímenes y posteriormente encubren a los culpables. Lamentablemente los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al titular del ejecutivo federal (artículo 108 constitucional) añadiéndose a ello la falta de autonomía del fiscal en México (Procurador General de la República), lo que también significa que no se persigue a los altos funcionarios civiles y militares, responsables de esta crisis. Tampoco es posible llevar ante la justicia a los soldados que materialmente han violado, torturado, desaparecido y asesinado a mexicanos debido al inaceptable alcance del fuero militar. Cuando un soldado comete cualquier delito en contra de civiles, los hechos son juzgados por tribunales militares (art. 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, por lo que México está violando derechos humanos (Caso Radilla Pacheco vs. México).

 

Mi opinión:

 

Siempre he sido un promotor de la idea de generar y difundir un diagnóstico realista de la catastrófica situación de violencia, impunidad y corrupción que se vive actualmente en México.  En merito de ello, no me opongo a la difusión por parte de juristas y otras personalidades, de los hechos tanto penosos como relevantes que han contribuido a agravar el clima de inseguridad e injusticia que aqueja al país.

 

No obstante, creo que entre una sociedad como la mexicana, que enfrenta además serios rezagos en educación (incluso de nivel básico), y en la que el desconocimiento de la ley y de los instrumentos jurídicos internacionales es profundo, con gran facilidad puede olvidarse que la Corte Penal Internacional está diseñada para ser un órgano jurisdiccional “de último recurso” que sólo ha intervenido en casos como los de Uganda, República Democrática del Congo, Sudán, República Centroafricana y República de Kenia.

 

 

 

Súmese a ello la desinformación o el engaño a la opinión pública que diversos medios e individuos propician al hacer creer que Ackerman, Sandoval (y quienes les acompañen) pueden “demandar penalmente” o “denunciar” a Felipe Calderón, miembros de su gabinete y miembros de la delincuencia organizada ante la Corte Penal Internacional.

 

Quienes redactaron la petición, buscan que mucha gente la suscriba o se adhiera, para entonces expresar los hechos y argumentos que consideren pertinentes ante la Oficina del Fiscal [en], para que en caso de que este concluya que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, lo haga.  En ese orden de ideas, la suscripción de la petición o su presentación ante la Oficina del Fiscal, en ningún modo garantiza que el Presidente, los miembros de su gabinete, o los miembros de la delincuencia organizada, serán efectivamente juzgados en la Corte Penal Internacional.

 

Luis Moreno-Ocampo ICC Prosecutor

 

 

En virtud de lo anterior, considero que en este momento son meramente oportunistas y sensacionalistas aseveraciones como “Calderón será llevado a juicio” o “la Corte Penal Internacional juzgará al presidente y a los delincuentes por crímenes de lesa humanidad”, pues cualquier estudiante de Derecho de mediano desempeño sabe que hoy no hay sustento para ello.

 

Por otra parte, debe destacarse la pasividad y lentitud que caracteriza los procedimientos de justicia seguidos a la luz de los instrumentos jurídicos internacionales.  Recordemos que al amparo de la soberanía, la autodeterminación y otros principios complejos y ¿por qué no? cuestionables, los sujetos de derecho internacional y el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas permanecen en la inactividad, aparentemente indiferentes, mientras sólo observan la pérdida masiva de vidas humanas ante situaciones como las que hoy día aquejan al Medio Oriente (Siria, Libia) o en el llamado Cuerno de África (Somalia, principalmente).

 

Lo anterior nos da elementos para vaticinar que en el improbable caso de que la guerra de Calderón sea materia de un juicio de la Corte Penal Internacional, pasarán años, a caso décadas, antes de que la población pueda conocer su resultado.

Octubre 12 de 2011.

 TRC

©

2 comments

  1. ESTA PROPUESTA TIENE MI TOTAL RESPALDO. EL SISTEMA GUBERNAMENTAL MEXICANO DEBE CAMBIAR O MÁS PRONTO DE LO QUE QUISIÉRAMOS, SERÁ CAMBIADO DE MANERA VIOLENTA… LO QUE NI QUEREMOS.

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