35 muertos en Boca del Río, Veracruz

¿Y cuántos más?

 

 

Mientras el titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, se encontraba de gira por los Estados Unidos de América, promoviendo el turismo en México, a la vez que aprovechaba para pretender “limpiar el nombre” del país en el extranjero y defender su estrategia de guerra contra la delincuencia organizada, en la entidad de Veracruz ocurrían dos acontecimientos que llamaron la atención de la opinión pública.

 

Felípe Calderón: guía turístico

 

 

El martes 20 de septiembre, el Poder Legislativo local en Veracruz de Ignacio de la Llave, analizó el proyecto de reforma al código penal de la entidad que propuso el Gobernador Javier Duarte Ochoa.  Dicha reforma implica la adición de un  artículo al ordenamiento en cuestión y fue conocida por los cibernautas como la #LeyDuarte que tipifica como delito las falsas afirmaciones  vertidas por cualquier medio, que ocasionen la perturbación del orden público.

 

A efecto de aportar mayor claridad, se reproduce el texto del artículo adicionado:

 

  • ARTÍCULO 373.- A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud; ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá prisión de uno a cuatro años y multa de quinientos a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida.

 

El mismo día que se legislaba para penalizar las falsas afirmaciones en la entidad, en el Municipio de Boca del Río (Veracruz), fueron abandonados dos vehículos de carga que contenían los cuerpos inertes de 35 personas, mismos que según El Universal presentaban “huellas de tortura”.  La Jornada reportó que de los cuerpos encontrados 23 eran de hombres y 12 de mujeres, y que presentaban el torso desnudo, se encontraban maniatados y algunos mutilados.

 

El diario Milenio publicó que la mayoría de los fallecidos contaba con antecedentes de narcomenudismo, aunque el procurador de la entidad haya negado que el homicidio de las 35 personas haya ocurrido por un pleito entre cárteles de la droga, o como parte de un “ajuste de cuentas”.

 

Cartón de Helguera para La Jornada.

 

 

El hallazgo de los 35 cadáveres en Veracruz ocurrió a sólo un día de que 32 internos se fugaran de 3 centros penitenciarios estatales en aquella entidad.

 

Preguntas, preguntas, preguntas…

 

Estos hechos innegablemente violentos generan diversas interrogantes a la luz de acontecimientos recientes como la masacre del casino Royale (Nuevo León) o el hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando (Tamaulipas):

 

¿Está rindiendo resultados positivos la mal-llamada guerra contra la delincuencia organizada? ¿Se puede hablar de que la guerra se va ganando en Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz? ¿Cuántas vidas humanas más deben perderse para reconocer que en el presente sexenio existe en México un conflicto armado? ¿Es la criminalización de la expresión la vía idónea para combatir a la violencia?

 

En fin, ninguna interrogante novedosa para el lector; en realidad se trata de preguntas sin respuesta que algunos de los mexicanos nos hacemos día a día, al prender la televisión, al leer un periódico o entrar al Internet y enterarnos de macabros acontecimientos, de sangrientos enfrentamientos, y de “acciones de gobierno” que resultan difíciles de explicar de manera medianamente razonable en medio del conflicto que vivimos.

 

Por el contrario, nos enteramos de “plazas perdidas” ante la delincuencia, de “pueblos fantasma” de los que la gente emigra por la ausencia de un gobierno capaz de garantizar la seguridad pública y una adecuada procuración de justicia, y nunca sabemos de “ciudades recuperadas” o “plazas” en las que los altos índices de criminalidad hayan bajado sustancialmente.

 

“Es cuestión de percepción”

 

En ese orden de ideas es difícil brindarle credibilidad al “argumento” esgrimido con anterioridad por los responsables de la situación actual del país en el sentido de que “la violencia se trata solamente de una cuestión de percepción”, o que “se están matando entre ellos (delincuentes)” y ello no representa consecuencias.

 

Si bien es irrebatible que se espera que todo gobierno que se jacte de ser democrático asuma una política de combate a la delincuencia, también lo es que en la democracia existen responsables de la implementación de políticas públicas fallidas o inconvenientes, así como existen responsables de los homicidios (aunque quien pierde la vida sea un presunto delincuente, un militar o un civil “inocente”), y estos últimos deben ser llevados ante la justicia penal, sin excepción alguna.  Olvidarse de ello puede implicar costos inimaginables, que en nada beneficiarían a una nación como la mexicana.

 

Septiembre 21 de 2011.

 

TRC

 

©

 

 

 

Atento mensaje al pueblo y las autoridades veracruzanas:

El presente texto tiene como objetivo ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión y de ninguna manera pretende ocasionar la perturbación del orden público.  Las afirmaciones sobre hechos violentos provienen de las fuentes periodísticas citadas.

 

 

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