Incendio en Casino Royale. Terrorismo en Monterrey

Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.[1]

 

 

 

 

Ayer, miércoles 25 de agosto de 2011, a una semana de que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos entregue al Congreso de la Unión su quinto informe anual de gobierno, y tan sólo 5 días después del enfrentamiento armado ocurrido en Torreón, Coahuila, suscitado a las afueras de un estadio de futbol profesional y que ocasionó la suspensión de un partido oficial de la primera división, la ciudad de Monterrey, Nuevo León, fue escenario de un hecho violento perpetrado por presuntos miembros de la delincuencia organizada y que ha cobrado la vida de más de 50 personas (hasta el momento) según la versión oficial.

 

Las investigaciones preliminares indican que alrededor de las 16:00 horas (tiempo local) un grupo de individuos irrumpió en el inmueble que ocupa el centro de apuestas y casino denominado Royale, para posteriormente accionar armas de fuego, derramar combustible y propiciar un incendio mientras el casino se encontraba en funcionamiento; aparentemente las salidas de emergencia del lugar no fueron funcionales ni suficientes, lo que provocó la muerte de alrededor de 53 personas, algunas de ellas por asfixia, otras por calcinamiento.

 

Cartón de Magú para La Jornada

 

Según información de la versión electrónica de la revista Proceso, las sociedades mercantiles que operan el casino Royale son Emociones y Atracciones Vallarta, S.A. de C.V. y CYMSA Corporation, S.A. de C.V., cuyo representante legal es Enrique Sánchez Navarro. Update: Hoy se sabe que el dueño del casino Royale responde al nombre de Raúl Rocha Cantú (que su abogado es Juan Gómez Jayme), que estuvo presente en el casino el día de los hechos violentos  y que se encuentra oculto por temor -según le dijo a Carlos Loret de Mola– a los narcotraficantes.

 

El hecho violento, sin precedentes en el estado de Nuevo León, provocó expresiones de fomento a la lucha (o guerra, como la han llamado en el pasado), al igual que de repudio, condolencia y condena por parte del primer mandatario, así como de su vocero, el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré.  Ambos personajes aprovecharon la red social Twitter para difundir su ya acostumbrado discurso ante cualquier acto delictivo contra la población:

 

 

¡Blah blah blah!

 

 

En un mensaje difundido por televisión la mañana de hoy 26 de agosto, Felipe Calderón declaró 3 días de luto nacional por las personas que perdieron la vida en el casino Royale.  Tanto él como Poiré han señalado que en el presente caso no habrá impunidad.

 

Es el más grave atentado contra la población civil: Felipe Calderón.

 

Es incuestionable que estos actos de terrorismo actualizan lo que el texto constitucional identifica como perturbación grave de la paz pública, y que ponen a la sociedad en grave peligro.  Son evidencia de que el Estado y sus autoridades han incumplido su obligación de garantizar los derechos humanos y prevenir violaciones a estos, de manera que en concordancia con lo ordenado por el mismo texto constitucional, se encuentran obligados a repararlas.

 

El clima de desmesurada violencia que se vive en el territorio nacional y que fue propiciado por la guerra que emprendió el titular del Poder Ejecutivo en contra de la delincuencia organizada, no da lugar ya a demagogia ni ambigüedades.  Las falsas expresiones de solidaridad, las “condenas” y “lamentos” que Calderón y Poiré han expresado en decenas de ocasiones durante el actual sexenio hasta perder el sentido, devienen insuficientes e insultantes a la inteligencia.

 

Resulta evidente e irrefutable que la estrategia ha fallado; que los resultados de la guerra de Calderón son nulos, y que la captura de uno o diez de los grandes sicarios o capos de la droga, no remedia o repara la pérdida de vidas humanas, de ciudadanos inocentes, a los que la actual administración se niega a dar nombre y apellido, para identificarlos simplemente como “daño colateral” y más reciente cómo sólo “víctimas”.

 

¿Por qué es importante la rendición de cuentas?

 

El trabajo de todas las personas (tanto en el ámbito público, como en el privado) se encuentra sujeto a evaluación, y la permanencia siempre está condicionada a entregar resultados favorables en el corto o mediano plazo.  Todo mandatario se encuentra obligado a rendir cuentas[2]; más aún un servidor público.  Si bien en el país no se ha alcanzado un sistema efectivo y óptimo para hacer efectiva dicha obligación a rendir cuentas, y la “revocación de mandato” es aparentemente una entelequia inalcanzable gracias a la parálisis legislativa, debe apelarse a la ética y a la dignidad si es que estas existen entre los artífices de la actual estrategia fallida, para que reconozcan el fracaso y se hagan a un lado.

 

La corrupción y la impunidad han llevado al país al profundo abismo en el que se encuentra, de la mano de gobiernos ineficaces y a caso ausentes.  El actual sistema que ha demostrado su inoperancia nos enseña que no es la clase política la que puede remediar la situación, pues es esta en su embriaguez de poder, la responsable de la debacle. 

 

La ciudadanía es la que debe dar un paso adelante, alejarse de las prácticas deleznables y nefastas que han permitido la adopción de una cultura de la ilegalidad y la creación de sociedades delincuentes.  Sólo la ciudadanía, a través de la unidad, la tolerancia y una democracia efectiva, será capaz de enderezar el rumbo, para sacar a esta nación de las oscuras profundidades en las que se encuentra.

 

 

Agosto 26 de 2011.

TRC

©


[1] Artículo 139 del Código Penal Federal.

[2] Para Córdova Vianello, la rendición de cuentas propiamente dicha consiste en la posibilidad –siempre abierta y, por ello siempre latente– de exigir responsabilidades a los servidores públicos por los actos realizados y las decisiones asumidas durante su función al frente de un cargo.

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