Comentarios sobre la propuesta integral en materia de seguridad presentada por la UNAM

 

 

 

 

Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia

México vive graves problemas de inseguridad, violencia y criminalidad que impactan en los más diversos aspectos de la vida nacional.[1]

 

El pasado 8 de agosto de 2011, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en coordinación con el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, presentó al Estado Mexicano y a la opinión pública una propuesta integral en materia de seguridad, emanada de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, que se celebró del 6 a 10 de junio del año en curso.

 

Para ver el documento completo dar “click” aquí.

 

 

El documento se encuentra amigable y funcionalmente estructurado, comenzando por el reconocimiento de que la situación que el país vive es grave y que la violencia ha tomado dimensiones y formas nunca antes vistas; sin embargo, dicho reconocimiento se hace sin buscar una ruptura con el Estado, con un ánimo de colaboración con este.

 

Estimo benéfico el reconocimiento sin atenuantes de la alarmante situación que vive el país, pues a diferencia de otros ejercicios ciudadanos o académicos en los que se cuenta con la participación de los gobernantes (verbigracia el encuentro de Javier Sicilia con el titular del poder ejecutivo), éstos buscan en todo momento matizar los hechos y las cifras pretendiendo demostrar que “no estamos tan mal” y que “podríamos estar peor”.

 

En la propuesta, se identifican puntualmente los problemas que representan las políticas públicas actuales en materia de seguridad.  A continuación, retomaré algunos de los que en mi opinión son los más representativos y que deben ser resueltos de inmediato:

 

-Las prácticas institucionales no se adecuan al marco constitucional de la seguridad y los derechos humanos.  Es sabido que en la guerra contra la delincuencia organizada que emprendió la presente administración, la violación a derechos fundamentales se ha convertido en el común denominador.  Cabe mencionar que esta deficiencia no es propia del Estado Mexicano y por el contrario, ha sido adoptada por diversos regímenes con pretextos tan diversos como el de la gobernabilidad o el de la lucha contra el terrorismo.[2]

 

-Domina una retórica de confrontación.  Se apunta el error en la estrategia y en el discurso: El discurso dominante define genéricamente una frontera entre “buenos y “malos”, señalando a un enemigo interior.  Lo anterior ha ocasionado que, cuando personas vinculadas a actividades delictivas llegan a ser víctimas de las mismas (…) las autoridades responsables de investigar tales delitos no hacen un mayor esfuerzo para determinar quiénes fueron los responsables (…) la lucha “se va ganando porque mueren más del otro bando”.

 

-Las políticas en materia de seguridad pública y justicia se encuentran desvinculadas de los fines comunes que se buscan.  El documento reconoce que el Estado con frecuencia se guía por objetivos a corto plazo con fines en algunos casos de carácter político o electoral, generando con ello mayor distanciamiento entre instituciones.  Al respecto cabe mencionar la eterna pugna entre los encargados de procurar justicia y aquellos a cargo de garantizar la seguridad pública, o bien, las disputas entre corporaciones policiales y fuerzas militares.

 

-La corrupción e impunidad son severas.  Esta aseveración no merece ser matizada ni controvertida, pero celebro que sea expresada de manera terminante.

 

-La prevención se ha desatendido.  Se crean tipos penales y penas más severas sin resultado alguno, pues no sólo no se ha abatido la impunidad sino que se ha desatendido prácticamente por completo el establecimiento de una política preventiva.

 

-El soporte teórico y conceptual es insuficiente.  A dicho tema nos hemos referido en varias ocasiones en este espacio.  En el documento en cuestión, se expresa que los documentos oficiales donde se exponen los motivos de las normas, diseños institucionales, programas, estrategias y acciones tan sólo recurren a referentes normativos que no reflejan un conocimiento de la literatura especializada.  Esta deficiencia parte del hecho de que en muchas ocasiones los servidores públicos (incluyendo principalmente a los legisladores y su personal de apoyo) desconocen los más elementales principios teórico – jurídicos, pues normalmente acceden a su cargo por cuestiones políticas y no profesionales.

 

Para alcanzar una política integral en materia de seguridad se propone seguir diversos principios rectores, entre los que se encuentran:

 

*Primacía del régimen constitucional de los derechos humanos.  Léase, el Estado debe ser el primero en respetar la ley: Cualquier acción del Estado que tienda a vulnerarlo (el régimen constitucional de los derechos humanos) es, en sí misma, contraria a los fines de la seguridad y la justicia en democracia.

 

*Fortalecimiento del liderazgo civil. La intervención militar debe ser excepcional y restringida al máximo posible y, en todo caso, sujeta a controles que aseguren la preeminencia del régimen constitucional de los derechos humanos.

 

*Compromiso responsable de los partidos políticos.  Desafortunadamente, la mayor parte del trabajo para alcanzar una política integral en materia de seguridad, proviene de la existencia de dicho compromiso que, como sabemos, en la actualidad es sólo una utopía.

 

*Máxima rendición de cuentas y transparencia. Un tema tristemente hecho a un lado, ignorado (o pobremente entendido) por las instancias encargadas de la procuración de justicia, así como aquellas encargadas de desarrollar inteligencia para garantizar la seguridad nacional.  La propuesta reconoce que desde la acción pública más simple hasta la decisión de mayor peso y trascendencia deben ser justificadas sin excepción y sujetas a la mayor transparencia posibleLa rendición de cuentas debe introducirse en la forma de un principio operativo que asegure las consecuencias del buen y el mal desempeño, así como el aprendizaje institucional.  A su vez, las propias instituciones deben buscar la máxima transparencia para fortalecer la rendición de cuentas y sembrar confianza y legitimidad social. ¡No queremos que sólo presenten a los presuntos responsables como auténticos culpables rodeados de armas y agentes enmascarados! Queremos que tengan una transparencia efectiva (no difusa) y rindan cuentas de su gestión.

 

Con base en los principios rectores antes mencionados, se desarrolla la propuesta integral en materia de seguridad cuyo texto no es necesario reproducir, pues el lector seguramente accederá al documento completo, sin embargo, conviene apuntar que la propuesta recoge varios temas que no son novedosos y por los que se ha pugnado desde hace varios años, pero han sido (en el mejor de los casos) ineficazmente implementados e incluso algunos olvidados por completo.

 

Ejemplo de lo anterior es la necesidad de atacar la operación con recursos de procedencia ilícita conocida vulgarmente como “lavado de dinero”; quizá la complejidad del tipo penal (véase artículo 400 bis del Código Penal Federal), entre otros factores, ha permitido que este delito sea impunemente cometido para beneficio de las finanzas de los cárteles de la droga y otras agrupaciones (no necesariamente relacionadas al narcotráfico) que incurren en delincuencia organizada.

 

En estrecha relación con el ejemplo anterior, se encuentra la propuesta de racionalizar el sistema penal, estimándose que la norma sustantiva penal contiene un sinnúmero de delitos y un aumento desproporcional de las sanciones privativas de libertad.

 

Otra de las propuestas que no resultan innovadoras, más sí de acertada mención y urgente implementación, es la relativa al control de adicciones, invitando a llevar un debate sobre el enfoque prohibicionista al consumo de drogas.  Estimo acertado que se identifique al adicto como un enfermo, no un delincuente (salvo que incurra en otras conductas típicas como el robo o el homicidio).  En ese orden de ideas, resulta oportuno que se entienda al control de las adicciones como un problema de salud pública y se acepte que la cárcel no representa una solución a dicha problemática.

 

El tema penitenciario, por otra parte, es uno de los normalmente olvidados en todas propuestas y discusiones, así como uno de los que a todas luces han sido abordados de manera  ineficaz en demasía, particularmente por las autoridades locales (véase Distrito Federal: reprobado en materia penitenciaria).

 

La antes llamada “readaptación social” hoy identificada como “reinserción del sentenciado a la sociedad” por el texto constitucional es prácticamente inexistente, es letra muerta en el sistema de justicia penal mexicano.  Sobre el tema, la propuesta en cuestión señala que en las prisiones proliferan la corrupción y la violencia, mientras que persiste el autogobierno, la ausencia de personal capacitado y hay sobrepoblación, aunado a que no existen los medios señalados por la norma fundamental para proveer a la reinserción social del sentenciado.

 

Se realizan enérgicos cuestionamientos a la prisión preventiva y se propone que esta sea la excepción, no la regla en el proceso penal, considerando el escandaloso dato de que cuatro de cada diez personas privadas de la libertad en el país no han sido sentenciadas por delito alguno.

 

Se propone que el Estado en cumplimiento de sus obligaciones introduzca y promueva penas distintas a la privativa de libertad (prisión), aunque no se proponen alternativas en específico.

 

En una apreciación personal, considero que la propuesta podría enriquecerse con la invitación a aceptar la existencia de casos en los que la reinserción a la sociedad no es posible (como en el caso de los delincuentes multi-reincidentes) y que debe analizarse a fondo y de manera objetiva a la prevención especial y las penas que inhiben al delincuente garantizando plenamente que éste no retornará a la violación de la ley[3].

 

Consideraciones finales

 

En el pasado he criticado a quienes mueven a las masas e intrigan a los medios al alzar la voz contra la violencia y la impunidad pero sin una propuesta formal, estructurada y viable, lo cual lleva a la tergiversación de su activismo y puede generar repercusiones indeseadas.

 

Es por ello que hoy celebro la presentación de los Elementos para Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia por parte de la UNAM.  En una época oscura y de incertidumbre como la que desafortunadamente vive el país, son este tipo de ejercicios los que brindan esperanza y dictan los pasos que han de seguirse en pos de una solución a la situación actual y un futuro mejor.

 

Por otra parte, acepto que el documento en cuestión no representa una “cura milagrosa” ni la solución a todos los problemas del país en materia de inseguridad, sin embargo no me queda duda de que es a través de propuestas similares, provenientes de todos los sectores de la ciudadanía, que se podrá combatir a los problemas que aquejan a México.

 

Nos queda el reto de analizar a detalle y de manera exhaustiva la propuesta en comento, difundirla, cuestionarla y enriquecerla, para después exigir a nuestros representantes (legisladores) que pongan manos a la obra y demuestren si su lealtad y compromiso son con México, o con intereses personales y de partido. 

Agosto 10 de 2011.

 

TRC

©

Acerca de la UNAM[4]:

  • Durante el ciclo escolar 2010-2011 tuvo inscritos a 316,589 alumnos, 24,167 de ellos en posgrado.
  • Ofrece 89 carreras a nivel licenciatura.
  • Cuenta con 36,172 académicos.
  • En 2011 cuenta con un presupuesto de $29’233,000 pesos mexicanos, de los cuales el 26.1% es empleado en investigación, mientras que el 60.5% en docencia.

[1] Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia.

[2] Es de recordarse como un ejemplo muy ilustrativo la impune ejecución extrajudicial del musulmán Osama bin Laden, por parte de agentes de los Estados Unidos de América.

[3] Véase Rodríguez Manzanera Luis, Penología, Porrúa, México.

[4] Datos disponibles en el Portal de Estadística Universitaria (UNAM).

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